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    Asociación Española de Fabricantes de Iluminación

    Análisis del Real Decreto-ley 15.2020

    • Circular Medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-ley 15.2020

      El Real Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo,  establece las  siguientes  medidas tributarias de interés para las empresas del Sector:

      1)   Impuesto  sobre Sociedades:

      Establece  la  opción extraordinaria  para realizar el pago  fraccionado previsto  en el artículo 40.3 LIS, cuyo  importe está en función de la  base imponible para los contribuyentes  que no  hubieran optado por  éste  mediante declaración censal en febrero de 2020,  ya  que al  ser inhábil el  último  día  de dicho   mes no  pudieron ejercitarla hasta el día  2 de marzo, para entidades cuyo  período impositivo coincida con el año  natural.

      – Los contribuyentes  cuyo  periodo impositivo  se inicia  a  partir del 1 de enero  de 2020   con   volumen de  operaciones  mayor de  600.000  euros en  2019,  podrán ejercitar la opción para ese período presentándolo hasta el 20 de mayo  de 2020.

      – Los contribuyentes  cuyo  periodo impositivo  se inició  a  partir del 1 de enero  de 2020, que en los 12 meses anteriores su importe neto de la cifra  de negocios sea mayor de  600.000  euros y  menor de 6  millones de  euros,  pueden para dicho período optar por  la  aplicación del pago  fraccionado,  que puede efectuarse en los 20 primeros días  naturales de octubre de 2020.

      El pago  efectuado en los 20 primeros días  naturales de abril  de 2020 es deducible de la cuota del resto de pagos. Esta opción no se aplica a los grupos fiscales que apliquen el régimen de consolidación fiscal.

      2)   IRPF:

      – Se permite presentar el pago  fraccionado del primer trimestre de 2020,  hasta el 20  de mayo,  calculándolo en la  forma establecida en el método  de estimación directa, lo que conlleva la renuncia tácita al método de estimación objetiva para 2020. Esta opción no debe mantenerse en los 3 años  siguientes.

      Así pues,  se puede  volver al  método  de estimación  objetiva en 2021,  siempre que no  se superen las  magnitudes  excluyentes  establecidas,  y  se revoque la renuncia a dicho  método antes de diciembre de 2020 o mediante la presentación de la declaración en el plazo  del primer trimestre de 2021.

      – Si no  se renuncia a  la  estimación  objetiva,  se adopta el cálculo de los  pagos fraccionados  y  de  la  cantidad  a  ingresar  en  función de  los  datos base,  no computarán en cada trimestre natural como  días  de ejercicio de la actividad, los días  naturales del Estado de Alarma  en dicho  trimestre.

      3)   IVA:

      – El  tipo   impositivo   aplicable  a   las   entregas,   importaciones   y   adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir el COVID-19, desde el 1 de abril   al  31  de  diciembre de  2020,  será  del  0%.  Los  destinatarios  deben  ser entidades  de  derecho  público,   clínicas,   hospitales   o   entidades  privadas de carácter social.

      – La renuncia al método de estimación objetiva del IRPF, y la posterior revocación se extiende también al recargo de equivalencia y al IGIC. También se extiende el cálculo de la cuota trimestral del régimen simplificado del IVA.

      4)   Procedimientos  tributarios:

      – Se extienden los plazos de vigencia de determinadas disposiciones tributarias del RDL 8/2020,   en  concreto,   la   establecida  en  su   artículo   33,   así   como   las establecida en el RDL 11/2020, en ambos casos  hasta el 30 de mayo.

      – No inicio  del periodo ejecutivo para determinadas deudas tributarias en caso  de concesión de financiación por  cuenta del Estado.

      El RDL entra en vigor el día 23 de abril.

    • Nota de la Inspección de Trabajo sobre Real Decreto-ley 15/2020

      La Dirección General de la Inspección de Trabajo y  Seguridad Social  (ITSS) ha  publicado el día  22  de abril  la  nota que adjuntamos,  relativa al  Real  Decreto-ley  15/2020,  en la que aclara algunos de los aspectos más  importantes de la norma:

      1. Suspensión de plazos en la actividad de la ITSS

      La  Disposición   Adicional   Segunda   del  RDL 15/2020   establece  en  su   apartado  1  el cómputo   de  los   plazos  de  las   actuaciones   inspectoras   previas  y   de  los   demás requerimientos. Esto implica, que desde el 14/03/2020, fecha de declaración del Estado de Alarma, hasta su finalización, incluida sus prórrogas, queda suspendido.

      No  obstante,  esta  suspensión tiene  excepciones imprescindibles para  garantizar   el eficaz funcionamiento de la ITSS. En estos casos, se deberá proceder por  el funcionario actuante  a   emitir,   en  diligencia u   oficio   al   efecto  que  se  comunicará al   sujeto inspeccionado, la motivación relativa a la continuación o inicio  de la actuación comprobatoria, debiendo basarse en que la  actuación está relacionada con  hechos derivados de la  propia declaración del estado de alarma o  de las  medidas adoptadas durante aquel.  Se considerarán como   tales, a  modo   de ejemplo,  las  comprobaciones sobre vigilancia del cumplimiento  de la  normativa  de PRL ante el riesgo de COVID-19, así  como  las   relativas  a  la  vigilancia del cumplimiento  de la  normativa  en materia de orden  social   dictada  durante  el  estado  de  alarma (permiso retribuido  recuperable, carácter preferente del trabajo a distancia,…), y las  relativas a la emisión del correspondiente informe solicitado por  la autoridad laboral en supuestos de ERTES.

      También se motivarán todas aquellas actuaciones realizadas por  otras causas, debiendo justificarse en base a la gravedad o urgencia de la situación, considerándose como  tales aquellas que, de no  iniciarse o  continuarse,  afectarían a  la  eficacia de la  actuación inspectora.  Se  considerarán  como   tales, a  modo   de  ejemplo,  las   actuaciones  ante supuestos  de riesgo grave e inminente,  accidentes de trabajo  graves,  muy  graves  o mortales,  huelgas o cierres patronales,  faltas de alta y en general cualesquiera que así se hayan definido por  las  Jefaturas de las  IPTSS,  Direcciones  Territoriales  o  Dirección Especial.

      En  el  apartado  2  de  la   Disposición   se  establece  la   suspensión de  los   plazos  de prescripción de las  acciones para  exigir responsabilidades  por  el cumplimiento  de la normativa, de forma que aunque no se inicien actuaciones inspectoras, el plazo  de prescripción de  las   infracciones  tipificadas  en  el  TRLISOS se  mantiene  suspendido, excepto     en  los   supuestos   anteriormente   indicados  en  los   que  las   actuaciones inspectoras transcurren con  normalidad, sin suspensión de sus plazos de duración.

      Por último, en el apartado 3 de la Disposición se elimina cualquier tipo de duda relativa a la  posible suspensión o no  de los  expedientes liquidatorios  de cuotas  de la  Seguridad Social, aclarando que se encuentran afectados también, al igual  que los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social.

      2. Responsabilidad en la devolución de prestaciones indebidamente generadas

      La Disposición Final  Novena del RDL 15/2020, modifica la Disposición Adicional Segunda del  RDL 9/2020,   de  24  de  marzo,   relativa  al   régimen  sancionador  y  reintegro  de prestaciones indebidas.

      Se  introducen   comportamientos   empresariales  sancionables,   en  el  ámbito   de  las medidas de empleo, así como   una  responsabilidad empresarial directa en la devolución de  las   prestaciones   indebidamente   generadas,   cuando  no   medie  dolo   o  culpa  del trabajador. Este  supuesto  se aleja del esquema clásico de connivencia en la  obtención de prestaciones  entre la  empresa y el trabajador, en el que se exige responsabilidad solidaria al empresario por  las prestaciones percibidas indebidamente por  el trabajador. Este nuevo supuesto impone una  responsabilidad directa para las empresas en el caso  de que no hubiera dolo  o culpa del trabajador.

      3. Otras modificaciones

      Se clarifica la  posibilidad de que aquellas empresas dedicadas a  actividades  esenciales que se hayan visto afectadas por  las  medidas de reducción de la movilidad, se acojan a ERTE de fuerza mayor.

      Este   párrafo  englobaría  una   gran   variedad  de  supuestos,   entre  ellos  las   clínicas dentales, los  talleres  de reparación de automóviles o  las  oficinas bancarias,  pues, aunque no  estén sujetas a suspensión total por  parte de las  autoridades,  pueden haber sufrido una  pérdida notable de actividad  como  consecuencia de las  restricciones  a  la movilidad o a otras circunstancias.

    • Otras medidas relevantes del Real Decreto-Ley 15/2020

      Como  continuación  de las  circulares sobre medidas laborales y tributarias recogidas en el Real  Decreto-ley  15/2020,  de 21  de abril,  de medidas urgentes complementarias  para apoyar la  economía y el empleo,  te informamos ahora de otras cuestiones  que sin  duda pueden  resultar de interés para las empresas:

      1.1. Moratoria  en el pago de la renta arrendaticia en arrendamientos para uso  distinto del de vivienda con  grandes tenedores.

      En  el plazo   de un  mes a  contar desde el día  23  de abril,  la  persona física   o  jurídica arrendataria  podrá  solicitar   del  arrendador,   cuando éste  sea  una   empresa  o  entidad pública de vivienda, o gran  tenedor, la moratoria del pago  de la renta arrendaticia, sin que ello suponga ninguna penalización ni devengue intereses.

      A estos efectos, tendrá la  consideración de gran  tenedor, la  persona física  o jurídica que sea  titular  de  más   de  10   inmuebles  urbanos,   excluyendo  garajes  y  trasteros  o  una superficie construida de más  de 1.500 m2.

      Esta  moratoria  se aplicará automáticamente y afectará al  período que dure el estado de alarma y sus  prórrogas y a las  mensualidades siguientes,  prorrogables una  a una,  hasta un máximo de cuatro mensualidades. La renta aplazada se fraccionará en cuotas pagaderas en un plazo  de dos  años  a partir del momento en el que se supere la situación que da  lugar  a dicha moratoria, o a partir de la finalización del plazo  previsto de cuatro meses y siempre dentro del plazo  de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

      1.2. Moratoria  en el pago de la renta arrendaticia en arrendamientos para uso  distinto de vivienda con  otros arrendadores.

      En aquellos casos  en que la  parte arrendadora no  se encuentre dentro de ninguno de los supuestos referidos en el apartado anterior, el arrendatario podrá solicitar, a partir del 23 de abril, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago  de la renta, siempre que no se hubiera acordado con carácter voluntario previamente. Se incluye la posibilidad, exclusivamente  en el marco de estos acuerdos,  de que el arrendador se sirva  de la  fianza para  el  pago   total  o   parcial  de  alguna  o  algunas  mensualidades.   En  este  caso,   el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo  de un año  o, en su caso, en el plazo  que reste de vigencia del contrato, si éste fuese inferior a un año.

      Tendrán derecho  a  ambas moratorias,  las  PYMES  y  los  autónomos  que cumplan con  los siguientes requisitos:

      a) Estar afiliado y en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social  de los Trabajadores por  Cuenta  Propia o  Autónomos  o  en el Régimen  Especial  de la  Seguridad Social  de los  Trabajadores del Mar  o, en su caso,  en una  de las  Mutualidades  sustitutorias del RETA en la fecha de declaración del estado de alarma.

      b)  Que   su  actividad  haya  quedado suspendida como  consecuencia de la  declaración del estado de alarma.

      c) Cuando su actividad no haya  quedado suspendida, deberá acreditar una  reducción de la facturación  del mes natural anterior al  que se solicita  el aplazamiento  en, al  menos un 75%,  en relación con  la  facturación  media mensual del trimestre al  que pertenece dicho mes del año  anterior.

      Para   los   supuestos   de  arrendamiento  de  inmueble  afecto  a   la   actividad   económica desarrollada por  una  PYME,  además,  sus  partidas de activo  no  deben superar los  cuatro millones de euros, su cifra  anual de negocios los ocho  millones de euros y el número medio de trabajadores empleados a su servicio no podrá ser superior a 50.

      2. Aplazamiento  de las  cuotas de las  subvenciones suscritas de la  E.P.E.  Instituto  para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), M.P. bajo la modalidad de préstamo.

      La E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro  de Energía, M.P. (IDAE), atendiendo a la situación  económico-financiera de los  beneficiarios de sus  programas de subvenciones o ayudas  reembolsables  formalizadas  bajo  la   modalidad de  préstamos,   cuando  la   crisis provocada por  el COVID-19 les haya  originado períodos de inactividad  o  reducción en el volumen de las ventas o facturación que les impida o dificulte cumplir con  sus obligaciones de  pago   derivadas  del  otorgamiento   de  las   mismas,   podrá  acordar  la   concesión  de aplazamientos   de  las   cuotas   de  préstamos   suscritos,   siempre  que  tales  prestatarios estuvieran  al  corriente del cumplimiento  de sus  obligaciones derivadas de los  préstamos, no  se encontrasen en situación  concursal y estuvieran  al  corriente en el cumplimiento  de todas  sus   obligaciones frente  a  la   Hacienda   Pública  y  con   la   Seguridad   Social   en  el momento de formular la solicitud de aplazamiento.

      3. Medidas relacionadas con  el pago de deudas a la Seguridad Social.

      Las  empresas y los  trabajadores por  cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad  Social  o los  autorizados  para actuar a  través del Sistema  RED,  siempre que no tuvieran  otro aplazamiento  en vigor,  podrán solicitar  el aplazamiento  en el pago  de sus deudas con  la Seguridad Social  cuyo  plazo  reglamentario de ingreso sea entre los meses de abril   y  junio de  2020,  en  los  términos  y  condiciones  previstos  en  la  normativa  de la Seguridad Social, con las siguientes peculiaridades:

      –   Será de aplicación un interés del 0.5%.

      – Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primero días  naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso.

      – El  aplazamiento   se  concederá  mediante  una   única  resolución,   se  amortizará mediante pagos  mensuales y determinará un  plazo  de amortización de 4 meses por cada  mensualidad solicitada  a  partir  del  mes siguiente  al  que  aquella  se  haya dictado, sin que exceda en total 12 mensualidades.

      – La  solicitud  de este aplazamiento  determinará las  suspensión del procedimiento

      recaudatorio respecto a las deudas afectadas por  el mismo  y que el deudor sea considerado al  corriente de sus  obligaciones con  la  Seguridad  Social  hasta que se dicte la correspondiente resolución.

      Este  aplazamiento  será incompatible  con  la  moratoria  de seis meses de las  cotizaciones sociales a  la  Seguridad  Social  concedida por  la  Tesorería General de la  Seguridad  Social regulada en el artículo 34 del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por  el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social  y económico para hacer frente al COVID-19.

      Puede acceder al texto normativo completo en el siguiente enlace:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554.