Cumbre empresarial en Madrid contra la morosidad
18/11/2009

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forman parte más de 100 asociaciones que representan a 1,1 millones de empresas y 460.000 autónomos que dan empleo a cuatro millones de trabajadores, celebró en el Ateneo Madrid una cumbre político-empresarial a la que asistieron más de 300 representantes de asociaciones empresariales, entre ellos el presidente de ANFALUM y portavoz de la Plataforma, Rafael Barón, y su Director General, Alfredo Berges. Todos con el objetivo común de exigir que se reforme ya la Ley de Medidas de lucha contra la Morosidad en les Operaciones Comerciales. Moderó el coordinador de la Plataforma, Pedro Torres, que es el residente de Adime (Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico).

Rafael Barón, que abrió la Cumbre, recordó las magnitudes de las empresas allí representadas, con un volumen de negocio superior a los 150.000 millones de euros, reclamó medidas legales para superar un problema que está enraizado en la idiosincrasia y pidió una ley “aplicable y aplicada” al Gobierno. Josep González, presidente de PIMEC y también portavoz de la Plataforma, calificó la ley de “anacrónica”, y exigió al Gobierno que “se tomen el problema en serio y aceleren la introducción de las modificaciones legales que lleven a unos plazos de pago razonables, en línea con las prácticas de nuestros vecinos europeos”. España es, después de Grecia, el segundo país de Europa donde más se tarda en pagar. El plazo medio de pago en el sector privado español es actualmente de 98 días, frente a los 57 en el ámbito europeo. En el sector público español se tarda en cobrar 139 días de media, más del doble que en Europa, donde el plazo medio es de 67 días.

Según datos de la Plataforma, las grandes empresas son las que tardan más en hacer efectivos los pagos (solo un 13% son puntuales, versus al 61% de las micro, el 52% de la pequeñas y el 31% de las medianas). Pero esta dilación en los plazos de pago afecta sobretodo a las pymes y “está provocando el cierre de muchas por falta de
liquidez”, lo que es “uno de los motivos del aumento de la tasa de paro”. Josep González invitó a CEPYME, y por tanto, a la CEOE a que “se unan a la Plataforma”.

Uno de los principales problemas de la ley, según señaló Luis Rudolfo, portavoz también de la Plataforma, es que la ley limita el plazo de pago de las empresas pero al mismo tiempo una cláusula dificulta su aplicación si hay "acuerdo entre las partes". Además, según afirmó Antoni Cañete, secretario general de PIMEC, “la ley define el concepto de «plazo abusivo» pero no se aplica, como tampoco se aplican los intereses de demora por miedo a perder el cliente”. En conclusión, la ley vigente contra la morosidad “no incorpora procedimientos efectivos para reclamar los impagos ni para
garantizar cobrar de los morosos”.

Ahorro de 6.420 millones

También intervino como portavoz Andrés Carasso, secretario general y gerente de AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), quien recordó que las organizaciones empresariales piden que en la reforma de la ley se establezca como plazo máximo de pago los 60 días (o 45 desde el final de mes), sin libertad de pacto entre las partes. Se ha calculado que cobrar a 60 días en vez de a 98 supondría para las pymes un ahorro anual de 6.420 millones de euros en costes financieros. Si se tuvieran en cuenta los menores costes financieros para las grandes empresas, el ahorro total podría sumar más de 9.000 millones de euros al año. La Plataforma también propone la creación de un organismo oficial que tutele la aplicación de la ley, que se publique e implemente urgentemente el reglamento y que se establezcan sistemas ágiles de arbitraje.

En el ámbito europeo, la Comisión Europea está preparando una directiva que no gusta porque “no piensa en las pymes”, ha comentado Andrea Benassi, secretario general de la patronal de las pymes europeas (UEAPME). “La morosidad es un problema europeo y Bruselas la está regulando, pero la directiva tiene dos carencias: no contempla ninguna sanción automática para el que no paga, y señala que se debe pagar en el plazo fijado, pero si se demuestra objetivamente que no es posible, podrá hacer el pago cuando quiera”.
Por eso Benassi ha animado a gobernantes y agentes económicos y sociales españoles para que “la modificación de la ley española se convierata en una «best practice» para la directiva europea”.

Oportunidad para reformar la ley

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 23 de junio considerar la Proposición de Ley presentada por CIU para modificar la ley y actualmente debería iniciarse ya el debate parlamentario, una vez finalizado el plazo de presentación de enmiendas parciales a esta iniciativa. Pero la Plataforma duda de si el Gobierno da
prioridad máxima a la reforma de esta ley. Por eso convocó esta Cumbre político-empresarial para que todos los grupos parlamentarios explicaran su criterio ante la Propuesta de Modificación de la Ley 3/2004 y explicitaran sus compromisos.

Pues bien, los representantes de los principales grupos parlamentarios, Félix Larrosa (PSOE), Ramón Aguirre (PP), Josep Sánchez-Llibre (CiU) y Joan Ridao (ERC) asistieron a la Cumbre y coincidiero en la necesidad de reformar urgentemente esta ley.

Sánchez-Llibre hizo referencia la Propuesta de ley que presentó su grupo parlamentario, resaltando que “sin el apoyo y sensibilidad de PIMEC la propuesta no hubiera visto la luz” y ha confiado en qué se debata en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio antes de que acabe este año.

Por su parte, Ramón Aguirre apoyó la iniciativa de CiU, puesto que “subsana una laguna política de la legislación española”, y resaltó que existe “cierta desconfianza ya que detrás de este problema está la relación entre las grandes y las pequeñas empresas”. Auguró una continuidad en la mortandad de empresas si no se reforma la ley, y aunque se comprometió a aprobar la modificación de la ley para ayudar a las pymes, subrayó que “será una medida coja si no se resuelven los otros debates abiertos”, haciendo referencia la liquidez que necesita la actividad empresarial y los créditos del ICO.

Félix Larrosa (PSOE) aseguró que la propuesta se puede mejorar en algunos aspectos, como dejar claro qué se entiende por “abusiva”, confeccionar un código de conducta, establecer algunas garantías y regular las compañías de recobro de morosos. Finalmente, Joan Ridao urgió al Gobierno para que se tramite la propuesta, tan rápido como se haya solucionado el tema de presupuestos. También asistieron Joan Herrera (IU), Cristóbal Montoso (PP) y Duran Lleida (CiU)

Entre los asistentes al acto también estuvieron presentes el presidente de Fenie (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España), Francisco Paramio; el presidente de Conaif (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines); y los directivos de Facel Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica), Francesc Acín.